Efectivos de la Marina y Ejército tomaron las instalaciones de Calica, al sur de Playa del Carmen, desde el pasado 14 de marzo, donde mantienen controlado el acceso a la terminal marítima de Punta Venado, concesionada a la empresa de origen estadunidense.
Apenas el pasado fin de semana, congresistas estadunidenses denunciaron públicamente el hecho, el cual calificaron de arbitrario al irrumpir en propiedad privada de la trasnacional. El particular libra una batalla legal contra el Estado mexicano en el plano internacional y en tribunales nacionales.
Tropa adscrita a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) ha montado un filtro en la caseta 1 de la empresa comercialmente conocida como Sac-Tun. Ahí revisan, incluso, al personal empleado como seguridad privada de la trasnacional.
Calica demandó en 2018 al Estado mexicano por diversas clausuras y retiro de concesiones relacionadas con la extracción y transporte de material pétreo ocupada en labores de construcción.
A cinco años de la demanda que resuelve el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la empresa filial de Vulcan Materials Company tiene como pretensión principal el pago de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios que le han causado las clausuras.
Además de esta toma de instalaciones por las fuerzas castrenses, resalta la clausura que en mayo de 2022 interpuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el predio La Rosita, con lo cual se frenó definitivamente la extracción de roca caliza que era enviada para Estados Unidos.
