Calica revierte amparo de AMLO para entrar a predio en Playa del Carmen
La medida impedía el acceso al predio ‘La Rosita’ donde la empresa extraía material pétreo.
Calica obtuvo una suspensión provisional de amparo contra la restricción que le había impuesto el gobierno federal para no ingresar a uno de sus predios clausurados.
De acuerdo con el expediente 84/2023 de amparo indirecto, que resuelve el Juzgado Noveno de Distrito, de Cancún, la filial de Vulcan Materials Company interpuso una demanda contra el gobierno federal, debido a que éste a principios de enero pasado giró un oficio por medio del cual incrementó las medidas de seguridad contra tal particular.
Le negó el acceso al predio ‘La Rosita’ donde extraía material pétreo al sur de Playa del Carmen. En el expediente al que se tuvo acceso, se da a conocer que el pasado 2 de enero, la Dirección General de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre emitió el oficio PFPA/4.1/8C.17.5/001-23 para ampliar la medida de seguridad sobre el predio La Rosita, clausurado en mayo de 2022, para que la representación de la transnacional no pudiera ingresar.
En respuesta, el pasado 24 de enero, Calica, a través de su razón social Calizas Industriales del Carmen presentó la demanda de amparo indirecto.
El 3 de febrero se celebró la audiencia incidental y finalmente este miércoles se dio a conocer el otorgamiento de la suspensión provisional.
Se trata de la primera suspensión a favor de la trasnacional de todo el historial de demandas de amparo que ha interpuesto contra los actos que el gobierno federal aplicó principalmente en el primer semestre de 2022, expresamente contra la explotación de las calizas en los predios La Rosita y El Corchalito.
Buscan suspensión definitiva
La siguiente audiencia incidental en la que el juzgador federal resolverá el otorgamiento de una suspensión definitiva está programada para el 20 de febrero a las 11:55 horas; mientras que la audiencia constitucional que deberá resolver todo el juicio, será el 2 de marzo.
Calica, además de la batalla legal por la vía constitucional para recuperar la explotación de calizas al sur de Playa del Carmen, mantiene un litigio internacional que tiene como árbitros un panel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Demanda al Estado mexicano la cantidad de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.