El gobierno de Andrés Manuel López Obrador clausuró a inicios de mayo pasado las actividades de la compañía Calica en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, una de las joyas turísticas del país, aduciendo posibles “daños graves” a los ecosistemas.
Tras esa medida, López Obrador ha elevado el tono de sus señalamientos, advirtiendo incluso que denunciará a Vulcan ante la ONU y tribunales internacionales por provocar una “catástrofe ecológica” en la región donde desarrolla sus trabajos desde hace 30 años.
La firma acusó además al gobierno mexicano de haber desatado una “campaña de desprestigio” en su contra, pese a que -según dijo- ha sido reconocida con seis certificados de “industria limpia” por parte de la autoridad ambiental (Profepa).
También tildó de “arbitrarias” las medidas gubernamentales. Por otro caso en el que alega haber sufrido “pérdidas muy importantes”, Vulcan mantiene desde 2018 un arbitraje contra México en el marco del acuerdo comercial norteamericano.
La suspensión de operaciones se produjo en medio de acusaciones contra el gobierno sobre el daño ecológico que estaría causando en Playa del Carmen la construcción del turístico Tren Maya, una de sus obras emblemáticas.
El desarrollo del tramo que recorre esa zona se encuentra suspendido por orden judicial.
La firma explota desde 1986 su “cantera más grande” cerca de Playa del Carmen, de donde obtiene la materia prima para producir agregados para concreto y asfalto, bases, rocas y polvo de piedra, según datos de la propia compañía.
